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May 19, 2014 (GUATEMALA) — Guatemala’s new Attorney General, Thelma Esperanza Aldana Hernández, former President of the Supreme Court, took office Saturday after a selection process fraught with irregularities. The rushed transition has generated severe criticism from national and international observers, and human rights groups have suggested it is part of a coordinated effort to terminate the advances made under her predecessor.

“Outgoing Attorney General, Dr. Claudia Paz y Paz was a symbol of hope and justice for many frustrated with an institution that historically served the interests of the economic, political and military elite,” said Kelsey Alford-Jones, Executive Director of the Guatemala Human Rights Commission/USA.

Under Paz y Paz’s leadership, investigation of cases from Guatemala’s 36-year internal armed conflict, which ended in 1996, began to move forward. Her prosecutions of corrupt former officials, drug lords, high level military officers, and other human rights violators made history in Guatemala, and contributed to an overall reduction in impunity of almost 25% for violent crime.

However, her efforts – particularly to prosecute former head of state Ríos Montt for genocide and war crimes in 2013 — provoked a backlash and she was the target of an aggressive defamation campaign in the press and social media. In February 2014, the Constitutional Court, which had reversed the conviction of Ríos Montt nine months prior, ruled to cut short Paz y Paz’s term by seven months.

National and international groups, including the US Embassy, criticized the ruling as arbitrary and politically motivated. Nonetheless, the nominating process for her replacement moved forward despite concerns about serious irregularities, including a lack of transparency around how the candidates would be evaluated and an alleged threat against one of the members of the Nominating Commission. A conversation leaked to the press suggested an “orchestrated plan” to affect the selection process. The President of the Commission admitted “it was possible” there had been outside intervention in the process.

Paz y Paz was not included in the top six candidates sent by the Commission to the President, despite the fact that the Commission itself had given her the second highest score among the 26 candidates. Of the six finalists, most had little to no experience in the criminal justice system and several been the subject of objections by the International Commission Against Impunity in Guatemala (CICIG) and other groups.

Claudia Samayoa, Coordinator for UDEFEGUA, said “The decision to exclude Paz y Paz represents a pact of impunity across three major sectors of the country: networks of organized crime, the business sector, and those who wish to avoid being held responsible for human rights violations committed during the internal armed conflict. Obviously, these three sectors are not interested in strengthening the justice system.”

Aldana describes herself as “right wing” and was considered the favorite from early on due to ties to the President’s Patriot Party and evidence she was backed by one of the Party’s powerful political operatives. Statements made by Aldana about Paz y Paz suggest that the new Attorney General will prioritize prosecuting “everyday” crimes such as thefts of cell phones and property rights issues. Her previous work in the Courts on violence against women provides some hope that she will also channel resources into prosecuting those cases.

“Many are concerned that Aldana will not continue Paz y Paz’s legacy of confronting impunity for crimes of the past, particularly given her ties to both the FRG and the Patriot Party, two groups that have vocally opposed prosecutions of members of the military,” said Alford-Jones.

Last week, Guatemala’s Congress passed a resolution denying genocide occurred and criticizing the genocide case for hurting national reconciliation. The decision prompted protests over the weekend, and accusations that the move violated Guatemala’s Peace Accords and threatened judicial independence.

According to Alford-Jones, “The resolution is not legally binding, but is the latest attempt to delegitimize the genocide case and create a de facto amnesty. It also raises concerns that the Congress may be looking to legislate new amnesty provisions.”

In response to the ruling, the Inter-American Commission for Human Rights stated, “The Commission urges the [Guatemalan] State to respect the principle of separation of powers, an essential condition of judicial independence.”

Contact:
Kathryn Johnson
Assistant Director, Guatemala Human Rights Commission/USA
kjohnson@ghrc-usa.org
202-529-6599


La nueva Fiscal General de Guatemala, Thelma Esperanza Aldana Hernández, ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, asumió su cargo el sábado después de un proceso de selección lleno de irregularidades. La transición apresurada ha generado críticas severas de parte de observadores nacionales e internacionales y de organizaciones de derechos humanos, que han advertido que el nombramiento de Aldana forma parte de un esfuerzo coordinado para eliminar los avances de su predecesora.

“La saliente Fiscal General, la Dra. Claudia Paz y Paz, se constituyó en una esperanza de justicia para mucha gente que conoció como esa institución, antes de su gestión, había servido históricamente, únicamente a los intereses de las élites políticas, económicas y militares,” dijo Kelsey Alford-Jones, Directora Ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala/USA.

Bajo el liderazgo de Paz y Paz, empezaron a avanzar en la investigación los casos del conflicto armado interno guatemalteco que duro 36 años y terminó en 1996. La persecución de ex funcionarios corruptos, líderes del crimen organizado, oficiales del ejército de alto rango y otros violadores de los derechos humanos sentaron un precedente y tuvieron un impacto histórico en Guatemala y en la reducción en la impunidad de casi el 25% en los crímenes violentos.

A pesar de sus esfuerzos,- en particular, por procesar al ex jefe de Estado Ríos Montt por genocidio y crímenes de la guerra en 2013, esto provocó una respuesta negativa y ella se convirtió en blanco de una campaña agresiva de difamación en la prensa y en los medios sociales. En febrero de 2014, la corte constitucional, la cual nueve meses antes había anulado la sentencia contra Ríos Montt aduciendo errores de procedimiento, , ordenó a Claudia Paz y Paz que debía concluir su período siete meses antes del tiempo previsto.

Grupos nacionales e internacionales, incluyendo la embajada de los Estados Unidos, criticaron el fallo por ser arbitrario y motivado por interese políticos. No obstante, el proceso de nominar a su sustituto avanzaba aunque existían preocupaciones sobre varias irregularidades, incluyendo falta de transparencia sobre cómo iban a ser evaluados los candidatos y una presunta amenaza contra uno de los miembros del comité de selección . Información divulgada en la prensa aseveraba que había un plan orquestado para incidir en el proceso de selección. El Presidente de la Comisión dijo que era imposible que hubiera una intervención externa en el proceso.

Finalmente, Paz y Paz no fue incluida dentro de la lista, de los mejores seis candidatos, enviada por la Comisión de Postulación al Presidente, a pesar de que la Comisión le había asignado la segunda mejor calificación de los 26 aspirantes originales. De los seis finalistas, la mayoría tenía poca experiencia en el sistema judicial y varios recibieron objeciones por parte de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y otros grupos.

Claudia Samayoa, Coordinadora de UDEFEGUA, dijo, “La decisión de excluir a Paz y Paz representa un pacto de la impunidad que implica a tres sectores del país: las redes del crimen organizado, el sector privado/sector empresarial y los que quieren evitar ser señalados de ser responsables de violaciones a los derechos humanos, cometidas durante el conflicto armado interno. Obviamente, esos tres sectores no tienen interés en fortalecer al sistema judicial”.

Aldana, quien se ha identificado ideológicamente como de derecha, fue considerada la favorita desde el principio por sus vínculos con el Presidente y el Partido Patriota, y lo evidenció uno de los operadores políticos más poderosos del partido. En declaraciones recientes, la nueva Fiscal General señaló que priorizará las denuncias de los crímenes cotidianos tal como robos de celulares y asuntos de los derechos de propiedad. Su trabajo pasado en las Cortes con el tema de la violencia contra las mujeres da esperanzas de que también canalice recursos a procesar esos casos.

“Muchos están preocupados de que Aldana no va a continuar el legado de su predecesora de investigar la impunidad por los crímenes del pasado, particularmente por sus vínculos con el Partido Patriota y el FRG, dos grupos que se han opuesto abiertamente a los juicios de miembros del ejército”, dijo Alford-Jones.

La semana pasada, el Congreso de Guatemala aprobó una resolución que niega el genocidio y critica los juicios relacionados, por considerar que impiden la reconciliación nacional. La resolución provocó marchas durante el fin de semana y acusaciones de que el Congreso estaba violando los Acuerdos de Paz y amenazando la independencia judicial.
Según Alford-Jones, “La resolución no tiene carácter vinculante pero es otro intento de deslegitimar el caso de genocidio y crear una amnistía de facto. También, genera preocupaciones que el Congreso busca legislar nuevas estipulaciones de la amnistía”.

En respuesta a dicha resolución, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos “insta al Estado a preservar el principio de separación de los poderes como condición esencial para la independencia judicial”.

Contacto:
Kathryn Johnson
Assistant Director, Guatemala Human Rights Commission/USA
kjohnson@ghrc-usa.org
202-529-6599