1. The Guatemala Human Rights Commission/USA (GHRC) condemns the military’s violent response to community protests on Oct. 4, 2012, and expresses solidarity for victims and their families. Early that morning, over 15,000 indigenous protestors of the 48 Cantones of Totonicapán took to the streets, blocking traffic at five points on national highways. At the same time, community leaders waited to meet with President Otto Pérez Molina in the capital to carry forward a dialogue process. The communities were protesting excessive electricity rates, changes to the professional teacher training requirements, and proposed constitutional reforms. The National Civilian Police and the Military were sent to disband the protest and restore the flow of traffic. Despite the Interior Minister’s order to maintain distance, a military contingent of 89 soldiers under the command of Colonel Juan Chiroy Sal advanced at the Cumbre de Alaska and confronted the protesters. According to preliminary investigations, eight soldiers fired their weapons into the crowd. Six protesters are confirmed dead, and at least 33 others injured. Thirteen soldiers also reported injuries.
2. GHRC has been closely monitoring the situation, and has received reports from the UN Office of the High Commissioner for Human Rights in Guatemala (UNHCHR), the Public Prosecutor’s Office, the Guatemalan Embassy in Washington, DC, the International Commission against Impunity (CICIG), and NGO partners in Guatemala.
3. GHRC commends the thorough investigation by the Public Prosecutor’s Office and National Forensic Science Institute (INACIF). The prompt arrest of Colonel Chiroy and 8 other soldiers for the crime of extrajudicial execution, among other charges, is an important departure from Guatemala’s long history of impunity for crimes committed by the armed forces.
4. GHRC supports the right of the 48 Cantones to peacefully protest, and joins national and international organizations in emphasizing that the restoration of freedom of movement is not legitimate justification for the aggressive suppression of the freedom to protest. Moreover, we recognize that these protest measures (roadblocks, marches, etc) are only necessary because of the lack of political access and historic exclusion of the great majority of poor, agricultural and indigenous communities in Guatemala.
5. GHRC joins the UNHCHR in reminding the Guatemalan government that extrajudicial or arbitrary executions committed by members of the Armed Forces implicate the Guatemalan State for its lack of action to prevent such atrocities. The tragic violence on Oct. 4 highlights systemic problems, such as the erroneous assumption that the military is willing to play a subservient role to the police. The National Civilian Police is the only institution trained to provide citizen security; the continued use of the military in these operations creates the conditions for the repetition of such violence in the future. 6. In light of these events, GHRC calls on the Guatemalan government to:
a. Follow through with the current investigation and prosecution of those responsible for extrajudicial executions, provide just reparations to the victims, and move forward with any agreements that came out of the dialogue process with community leaders.
b. Immediately institutionalize the removal of the armed forces from involvement in responses to protests, forced evictions, and other civil conflicts; provide a clear timeline for the prompt removal of the armed forces from all aspects of citizen security. c. Revoke Congressional Decree 40-2000, which legalizes the use of the military to support police in combating organized and common crime.
d. Promptly move forward with the necessary reforms to the National Civilian Police, providing sufficient budget and institutional support for the reforms to be successful.
e. Fully respect indigenous rights and implement a comprehensive, participatory, and effective dialogue process. We consider this to be a critical step toward ending the exclusion of indigenous communities and ensuring the peaceful resolution of conflicts.
Washington, DC – October 18, 2012
GHRC denuncia la masacre en Totonicapán, Guatemala
1. La Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Estados Unidos (GHRC) denuncia la reacción violenta del ejército a las protestas de las comunidades el 4 de octubre de 2012. Ese día, en horas de la madrugada, más de 15.000 manifestantes indígenas de los 48 Cantones de Totonicapán bloquearon el tránsito en cinco puntos de la carretera interamericana A la vez, líderes comunitarios esperaban una reunión con el Presidente Otto Pérez Molina en la capital para avanzar en un proceso de diálogo. Las comunidades protestaban contra el alto costo de la energía eléctrica, cambios en la carrera magisterial y las reformas constitucionales propuestas por el ejecutivo. La Policía Nacional Civil y el ejército se desplegaron para poner fin a la protesta y reestablecer el flujo de tránsito. A pesar de la orden del Ministro de Gobernación de mantener su distancia, un contingente del ejército, de 89 soldados, bajo el comando del Coronel Juan Chiroy Sal avanzó en la Cumbre de Alaska y se enfrentó a los manifestantes. Según las investigaciones preliminares, ocho soldados abrieron fuego contra la multitud. Se ha confirmado la muerte de seis manifestantes y lesiones en por lo menos 33. Trece soldados también se reportaron heridos.
2. GHRC ha estado monitoreando de cerca la situación, y ha recibido informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), del Ministerio Público, de la Embajada de Guatemala en Washington, DC, de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y de organizaciones de la sociedad civil en Guatemala.
3. GHRC felicita la investigación rigurosa del Ministerio Público y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF). La rápida detención del Coronel Chiroy y ocho soldados más por el crimen de ejecución extrajudicial, entre otros cargos, es una ruptura significativa en la larga historia de impunidad en Guatemala para los crímenes cometidos por las fuerzas armadas.
4. GHRC apoya el derecho de los 48 Cantones a la protesta pacífica, y se une a los pronunciamientos de organizaciones nacionales e internacionales que enfatizan que, garantizar la libre locomoción no es una justificación legítima para la represión y agresión a la libertad de reunión y manifestación. Además, reconocemos que estas medidas de protesta (bloqueos, marchas, etc.) son necesarias por la falta de acceso político y por la exclusión histórica de la gran mayoría de comunidades pobres, campesinas e indígenas en Guatemala
5. GHRC se une a la OACNUDH en recordarle al gobierno de Guatemala de que las ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias cometidas por miembros de las fuerzas armadas podrían comprometer la responsabilidad del Estado de Guatemala por su falta de acción para prevenir tales atrocidades. La violencia trágica del 4 de octubre resalta problemas sistémicos, así como la suposición errónea de que el ejército está dispuesto a jugar un papel de subordinación a la policía. La Policía Nacional Civil es la única institución capacitada para brindar la seguridad ciudadana; el continuar con la utilización del ejército en estas operaciones puede dar paso a que este tipo de violencia pueda repetirse en el futuro.
6. A la luz de esos acontecimientos, GHRC hace un llamado al gobierno de Guatemala para que:
a. Dé el seguimiento necesario a la actual investigación y proceso judicial contra los responsables de ejecuciones extrajudiciales; provea reparaciones justas a las familias de las víctimas mortales y cumpla con todo acuerdo surgido del proceso de diálogo con los líderes comunitarios.
b. Institucionalice de inmediato la prohibición a las fuerzas armadas para participar en la dispersión de manifestaciones, desalojos forzados u otros conflictos civiles; presente una calendarización clara para el pronto retiro de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad ciudadana.
c. Derogue el Decreto 40-2000, el cual autoriza el uso del ejército para apoyar a la policía en el combate al crimen organizado y la delincuencia común.
d. Avance sin demora en las reformas imprescindibles a la Policía Nacional Civil, brindando todo el apoyo institucional y el presupuesto necesario para que las reformas sean exitosas.
e. Respete los derechos indígenas en su totalidad e implemente un proceso de diálogo que sea amplio, efectivo y participativo. Consideramos que este es un paso crucial para poner fin a la exclusión de las comunidades indígenas y para asegurar la resolución pacífica de los conflictos.
Washington, DC – 18 de octubre de 2012