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Ciudad de Guatemala, 8 de enero de 2015—El pasado lunes, 5 de enero de 2015 se celebró la audiencia para reiniciar el proceso contra los ex generales José Efraín Ríos Montt y José Rodríguez Sánchez, acusados de genocidio y crímenes contra los deberes de la humanidad en perjuicio del pueblo Ixil. Sin embargo, el proceso quedó suspendido luego de que el Tribunal de Mayor Riesgo B aceptó por mayoría la recusación presentada por la defensa de Ríos Montt contra la Presidenta del tribunal, Jeannette Valdés, con el voto en contra razonado por la misma Jueza Valdés.

Las organizaciones internacionales abajo firmantes expresamos nuestra preocupación por la respuesta de la mayoría del Tribunal ante esta nueva práctica dilatoria por parte de la defensa de los militares que ha sido recurrente desde que se inició la investigación en contra de ellos. Rechazamos las dilaciones recurrentes y otros intentos de interferir con la administración de justicia en este proceso. Por ejemplo, todavía existe la posibilidad de que se aplique la amnistía a favor de los acusados, lo cual sería una clara violación del derecho internacional.

En este caso específico, es cuestionable e inconsistente con la ley que se apruebe la recusación de una jueza con base en una tesis académica que no está enfocada en este caso concreto. La solicitud de recusación se basó en que la jueza Valdés, en el año 2004, escribió una tesis sobre el genocidio como tipo penal para obtener su grado de maestría, lo que, según los miembros del Tribunal, significaría tener un criterio previo sobre el caso concreto. Es una garantía fundamental ser juzgado por un tribunal imparcial, y en este caso no hay motivos para fundamentar la falta de imparcialidad de la Presidenta en virtud de sus conocimientos técnicos sobre la figura del genocidio. En cuanto a la jueza Valdés, su especialización sobre el tipo penal significaría que cuenta con las capacidades profesionales para realizar un análisis ajustado al derecho. Aceptar el argumento empleado por la defensa de los militares, como hicieron las juezas Yoc y Castellanos, significaría que los jueces especializados estarían inhibidos de conocer casos vinculados con su área de conocimiento.

Por otra parte, la recusación fue presentada fuera del plazo establecido en la ley. Así, todas las partes conocían de la integración del Tribunal desde hace un año y medio, pero la defensa esperó hasta días antes del inicio de la audiencia para cuestionar la imparcialidad de la jueza Presidenta.

Jo-Marie Burt, asesora principal de la Oficina en Washington sobre Asuntos Latinoamericanos (WOLA) -quien estuvo presente como observadora durante la audiencia-, apuntó que, “como fue señalado durante la audiencia el lunes, tanto por el Ministerio Público como por los querellantes adhesivos, la recusación sólo puede interpretarse como una nueva medida dilatoria por parte de la defensa, para entorpecer el proceso y asegurar que no se de inicio a un nuevo debate”.

La decisión de la mayoría del Tribunal de aceptar la recusación es contraria a lo establecido en la ley guatemalteca y constituye un nuevo obstáculo para impedir el juzgamiento de los responsables del genocidio contra el pueblo Ixil. Para Mirte Postema, de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), “La nueva suspensión del debate representa una grave afrenta a las miles de víctimas que durante décadas han esperado que se haga justicia y que se conozca la verdad”.

Es importante recordar que el 10 de mayo de 2013,  el Tribunal de Mayor Riesgo A condenó al ex general Ríos Montt a 80 años de prisión, mientras que absolvió a Sánchez Rodríguez. Diez días después -mediante una resolución arbitraria– la Corte de Constitucionalidad anuló parcialmente el debate, provocando la nulidad de la sentencia condenatoria que había sido válidamente dictada. La resolución de la Corte de Constitucionalidad fue criticada y cuestionada por diversos actores nacionales e internacionales.

Marcia Aguiluz, Directora del Programa para Centroamérica y México del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), recordó que “el Estado de Guatemala está incumpliendo con las obligaciones internacionales al mantener la impunidad en este caso, al haber anulado la sentencia que fue válidamente dictada y al continuar obstaculizando el acceso de las víctimas a la justicia”.

Finalmente, las organizaciones lamentamos las recientes declaraciones del Presidente de la República Otto Pérez Molina que cuestionan la presencia de embajadores u otros observadores internacionales en estos procesos porque, según alega, limita la independencia de los juzgadores. “Al contrario, la presencia de observadores internacionales respalda la independencia judicial, apoya la labor de los operadores de justicia independientes e imparciales y es fundamental en un contexto donde jueces y juezas son objeto constante de intimidaciones y agresiones,” señaló Anabella Sibrián, Representante en Centroamérica de la Plataforma Internacional Contra la Impunidad.

No debe olvidarse que los crímenes que se juzgan en Guatemala, por su extrema gravedad, constituyen una afrenta no sólo para las víctimas o para la sociedad guatemalteca, sino para toda la humanidad.

Contactos:

  • Jo-Marie Burt, Oficina en Washington sobre Asuntos  Latinoamericanos (WOLA), jmburt.wola@gmail.com, (502)5596-3689 (Guatemala); +1(202)797-2171 (EE.UU.)
  • Marcia Aguiluz, Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), maguiluz@cejil.org, (506) 2280-7473 (Costa Rica)
  • Anabella Sibrián, Plataforma Internacional Contra la Impunidad, representante@plataforma.org.gt, (502) 2362 8922 (Guatemala)
  • Mirte Postema, Fundación para el Debido Proceso (DPLF), mpostema@dplf.org, 1(202)-403-4622 (EE.UU.)
  • Kelsey Alford-Jones, Guatemalan Human Rights Commission (GHRC), kajones@ghrc-usa.org