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Guatemala, Washington D.C. y San José, 2 de marzo de 2016. – La justicia guatemalteca dictó una sentencia ejemplar al condenar a dos responsables de someter a mujeres q’eqchi’ a esclavitud sexual y esclavitud doméstica en el destacamento militar que se ubicó en la comunidad de Sepur Zarco en los años ochenta. El pasado 26 de febrero, el Tribunal de Mayor Riesgo A condenó al teniente coronel Esteelmer Reyes Girón a 120 años de prisión por los delitos contra los deberes de humanidad y asesinato, y al comisionado militar Edilberto Valdez Asig a 240 años por los delitos contra los deberes de humanidad y desaparición forzada.

Durante más de seis años, quince mujeres q’eqchi’ enfrentaron un largo proceso judicial, desafiando los grandes obstáculos culturales y sociales que impiden hablar de violencia sexual en Guatemala. Por muchos años cargaron con el estigma y la culpa de haber sido consideradas “mujeres del ejército” en su comunidad, y ahora son reconocidas internacionalmente por su valentía e integridad.

Por primera vez un tribunal guatemalteco reconoce la esclavitud sexual como delito contra los deberes de humanidad y arma de guerra, aplicando los estándares internacionales en materia de derechos humanos. La sentencia impone medidas de reparación para dignificar a las mujeres a través de programas de salud y vivienda, así como medidas para educar a las nuevas generaciones y a los militares sobre la gravedad de la violencia contra las mujeres y el respeto de los derechos humanos.

Las organizaciones firmantes felicitamos al Tribunal de Mayor Riesgo A y al Ministerio Público, en particular a la Fiscalía de Derechos Humanos, así como a la Alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad –querellante adhesiva en el caso– por su valiente actuación y por hacer cumplir la ley. Saludamos a las mujeres de Sepur Zarco, y esperamos que la sentencia sea reparadora para ellas y para otras mujeres que aún siguen sin recibir justicia por los horrores que sufrieron durante el conflicto armado interno. Esperamos que en esta nueva etapa, el Estado garantice su seguridad y dignificación.

La violencia sexual es una conducta inadmisible en una sociedad democrática, sin embargo muchas mujeres y niñas continúan sufriendo ese flagelo hoy día. El Estado debe asumir la responsabilidad de reconocer las atrocidades que se cometieron contra las mujeres y las comunidades indígenas en el pasado, y debe adoptar medidas más firmes para impedir y castigar la violencia sexual y la esclavitud doméstica en el presente.

Ciudades de Guatemala, Washington D. C. y San José Costa Rica, 2 de marzo de 2016.