GHRC, alongside other regional and international organizations, expresses concern regarding the inconsistencies and irregularities in the process of selecting a new attorney general in Guatemala. Several red flags were raised during the process, signaling a lack of transparency: the authenticity of information provided by candidates was not verified; concerns raised by different civil society groups about the candidates were not adequately investigated; and Claudia Paz y Paz was left off of the final list of nominees, despite receiving the second highest score during the review process. The organizations, therefore, are calling for a prompt analysis of the current model for nominating high-level officials in the justice system.
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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
Ciudad de Guatemala, 2 de mayo de 2014. Las organizaciones regionales e internacionales que firmamos este comunicado manifestamos nuestra preocupación por las inconsistencias e irregularidades que se observaron durante el proceso de selección de fiscal general en Guatemala. A la luz de los estándares internacionales, creemos que las mismas pueden constituir una grave vulneración al estado de derecho y por lo tanto reiteramos la importancia de que se respeten los principios de transparencia y objetividad en lo que resta del proceso de elección de fiscal general.
Las organizaciones firmantes hemos apoyado el fortalecimiento de la democracia en Guatemala durante muchos años, por ello, es nuestro deber señalar que para la existencia de un estado democrático de derecho es imprescindible que en la elección de los integrantes de los principales órganos de la administración de justicia resulten elegidos los profesionales más capaces e idóneos, lo cual solo es posible mediante un proceso de selección transparente y basado en los méritos de los postulantes.
En este sentido, vemos con extrema inquietud que la Comisión de Postulación (CP), nombrada para elegir una nómina de seis personas para el cargo de fiscal general, no investigó exhaustivamente las tachas presentadas por diversos sectores sociales contra diversos candidatos y candidatas, tampoco se verificó la veracidad de la información proporcionada por los postulantes, ni se realizó un análisis respecto de la honorabilidad de los mismos.
Peor aún, causa sorpresa y extrañeza que al concluir el proceso de análisis de los postulantes dicha comisión no haya incluido en la nómina correspondiente a la actual fiscal general, Claudia Paz y Paz, aun cuando ella obtuvo el segundo mejor puntaje entre las personas evaluadas, decisión que no fue razonada ni motivada.
El artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece el derecho de los ciudadanos y ciudadanas de acceder “en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”, ahora bien, de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para hacer efectivo este derecho se requiere que los criterios y procedimientos para el nombramiento, ascenso, suspensión y destitución sean razonables y objetivos. Considerando este criterio, es evidente que cualquier procedimiento de selección que no tome en cuenta a los o las candidatas con las mejores puntuaciones carece de la objetividad exigida. A la vez, esta circunstancia podría implicar una discriminación hacia el candidato o candidata afectada.
Si bien reconocemos que la Comisión de Postulación estableció posibilidades para observar el proceso, dichas acciones resultan insuficientes para garantizar la transparencia si las decisiones finales no están apegadas a los criterios objetivos previamente establecidos y si no existe un razonamiento público que las justifique. En suma, en la presente experiencia, las organizaciones consideramos que se ha configurado una grave violación al principio de transparencia que nos lleva a concluir que la selección final de la nómina estuvo basada en consideraciones distintas al mérito.
Dado que la Comisión de Postulación ha presentado la nómina de candidatos y candidatas al Presidente Otto Pérez Molina, las organizaciones consideramos que corresponde al señor Presidente subsanar las omisiones que han sido señaladas y proceder a solicitar a la CP una explicación razonada sobre la justificación para incluir a las personas electas en la nómina, así como sobre la exclusión de la candidata que obtuvo el segundo mejor puntaje.
Adicionalmente, una vez aclaradas las dudas sobre lo anterior, el señor Presidente debe nombrar a la persona que reúna las condiciones de idoneidad y competencia para ejercer el cargo de forma independiente.
Asimismo, exhortamos a las autoridades del Estado de Guatemala a tomar todas las medidas que sean necesarias para mantener los avances alcanzados por el Ministerio Público en los últimos 3 años, y apoyar todos los esfuerzos que impliquen romper con el contexto de impunidad en este país.
Finalmente, nos sumamos a la preocupación externada por las organizaciones de la sociedad civil guatemalteca en cuanto a la necesidad de iniciar –en el menor plazo posible- un proceso de reflexión sobre el actual modelo de comisiones de postulación para el nombramiento de altos cargos dentro del sistema de administración de justicia, y nos ponemos al servicio de la sociedad guatemalteca para aportar nuestro conocimiento en experiencias comparadas y en el Derecho Internacional Público con el único objetivo de coadyuvar a la construcción de un democracia más sólida.
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Washington (GHRC)
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Iniciativa de Justicia de Open Society (OSJI)
Plataforma Internacional contra la Impunidad